CIC ante la reforma de la Ley de Cajas

CIC insta a actuar a la Comisión Nacional de la Competencia ante la reforma de la Ley de Cajas



La Confederación Intersindical de Cajas (CIC) se ha mostrado crítica con los Gobiernos central y autonómico por la reforma legal que se está acometiendo en el sector y que está dirigida hacia una privatización del sistema de cajas. Por ello, CIC insta a una "actuación inmediata" a la Comisión Nacional de la Competencia

La Confederación Intersindical de Cajas (CIC) ha criticado con dureza la reforma legal del sector que, tanto desde el Gobierno central como de los autonómicos, se está llevando a cabo. Para la Confederación Intersindical, en esta reforma no se han tenido en cuenta los intereses de los impositores-consumidores, de los empleados, de las entidades locales, todos ellos participantes en sus órganos de gobierno, y han calificado como “inadmisible” e “indignante” que se entregue toda la historia de las Cajas de Ahorros, así como todo su patrimonio público, al sector privado.

Asimismo, CIC denuncia que el nuevo decreto que se está planteando, parte de la misma “dudosa rigurosidad legal y constitucional” que el anterior 11/2010, y que cuenta con la connivencia del principal partido en la oposición para “hurtar de nuevo la posibilidad de debate a toda la representación parlamentaria”.

Desde la Confederación se insta a la Comisión Nacional de la Competencia a actuar de inmediato pues “por un lado, se está proponiendo una clara desventaja a favor de la Banca y, por otro lado, consideramos que es más sano un entorno con diversas entidades medianas que fomente la sana competencia entre los diversos actores del mercado, que la deseada concentración en pocos protagonistas contraviniendo las elementales leyes de mercado”.

CIC insiste en que desde el Gobierno “no se están aportando las soluciones necesarias”. Así, se critica que Miguel Ángel Fernández Ordóñez mantenga su puesto como gobernador del Banco de España, ya que “pese a estar al mando de la máxima autoridad regulatoria financiera, no ha puesto las medidas de provisión y solvencia necesarias a las Cajas de Ahorros para minimizar la crisis financiera en la que estamos sumergidos”, y se sospecha si toda forma parte de “una estrategia premeditada”.

Del mismo modo, se reprocha a las autoridades que no se estén exigiendo responsabilidades a quienes han dirigido las Cajas y han llevado a algunas de ellas a la situación actual. “A excepción de Caja Castilla-La Mancha, en la que existe un proceso abierto por la Fiscalía anticorrupción, no conocemos otro en el que se exijan responsabilidades. Y es más, a estos directivos se les va a permitir seguir dirigiendo las entidades ayudadas con fondos públicos”, se denuncia en un comunicado emitido.

Finalmente, el CIC pone en duda la labor desarrollada por la CECA en su protección de las Cajas y advierte de su “desaparición pública”. “Suponemos que resulta extremadamente difícil compaginar la defensa a ultranza de las Cajas, con la espada de Damocles de los intereses individuales de algunas de ellas, y la gestión de sus representados que es la que ha provocado la actual situación financiera del sector”, denuncian.

Según la Confederación, la bancarización de las Cajas de Ahorro va a provocar exclusión financiera, tanto social como geográfica, tal y como ha sucedido en Italia y Reino Unido. Además, se quiere poner en evidencia “las graves equivocaciones de los dirigentes económicos tal y como prueba la última auditoría del Fondo Monetario Internacional”.

CIC recuerda que las Cajas son un bien social y que, con la entrada de capital privado, “los que directa o indirectamente han provocado la crisis se van a apropiar del esfuerzo de generaciones de ciudadanos que les han confiado sus ahorros”. “Además, si las Cajas de Ahorros deben dedicar sus beneficios a pagar dividendos, también huelga decir que se verá resentida su obra social”, se explica desde CIC.

Por todo ello, CIC ha elaborado una serie de propuestas que incluyen someter a todos los miembros de los órganos de gobierno de las Cajas, de forma preceptiva, a un código de buen gobierno corporativo; la creación de una Banca Pública, que contara con unos recursos propios mínimos, con el objetivo de conceder crédito a las familias, autónomos y pequeñas y medianas empresas; o que se aplique el sistema previsto para las fusiones entre cajas, y que éstas puedan mantener la naturaleza jurídica de Caja de Ahorros.

Además, se reclama la posibilidad de emisión de cuotas participativas sin derecho a voto pero sí a participación en dividendo y que los clientes de las cajas tengan derecho a la reserva de un porcentaje de las cuotas participativas que se emitan, igual que los empleados.

Finalmente, con el propósito de evitar la exclusión financiera, desde CIC se propone la creación del servicio universal de las entidades de crédito, servicio que incluirá todos los prestados actualmente por las cajas de ahorro en los municipios de menos de 1.500 habitantes. Para ello, se mantendrían en servicio todas las sucursales de las Cajas de Ahorro que hayan sido abiertas antes del 2005 en dichos municipios. Este servicio será financiado a través de un Fondo Especial creado con la aportación de un 0,01% de los recursos propios de las entidades financieras.

Por último, CIC asegura que la “ciudadanía no está siendo informada adecuadamente” y que va a mantener comunicación con todos los colectivos y ciudadanos afectados, poniéndose en contacto con distintos agentes sociales, colectivos e instituciones, para trasmitir que “toda esta trama persigue la liquidación de unas instituciones que llevan más de 200 años en la sociedad española, y que fueron creadas para combatir la usura de los bancos. Hoy es un secreto a voces que el punto final de todo el proceso es la definitiva desaparición de la competencia que suponen las Cajas de Ahorros”.

La Confederación Intersindical de Cajas anuncia que seguirá emprendiendo todas las acciones legales sean necesarias para que las Cajas de Ahorros mantengan su actual estatus jurídico.