CIC impugna ante el Tribunal Supremo el Decreto de capitalización de las Cajas
Zaragoza, 1 de marzo de 2011
Según CIC, este Decreto incurre en los mismos defectos procedimentales que el aprobado en el verano pasado (el 11/2010), al no haberse dado audiencia previa ni a los clientes de las Cajas (que representan al 40% en sus asambleas), ni a las Comunidades y Federación de Municipios (que suponen otro 40%), ni a los trabajadores ni entidades fundadoras (que representan al resto de sectores en los órganos de las Cajas).
La exigencia por el nuevo Real Decreto Ley de unos requisitos de capital muy por encima de lo estipulado en el Acuerdo de Basilea III coloca al sector financiero español (y en particular al de las Cajas) en una posición de clara desventaja frente a la banca europea e internacional que opera en España, de modo que CIC entiende que se vulneran de “modo flagrante” los principios fundamentales del Derecho Comunitario y del libre mercado en la UE , y también los del Derecho de la Competencia.
Además, según CIC, al asumir el Banco de España y el Ministerio de Economía la práctica totalidad de competencias sobre regulación y supervisión de las Cajas de Ahorros, se están vulnerando todos los Estatutos de Autonomía, y también el principio constitucional y comunitario de autonomía de los entes locales, pues se elimina por completo el poder de los ayuntamientos en las Cajas.
En cuanto a los consumidores y a la Obra Social , pasan a formar un plano totalmente secundario en este nuevo escenario financiero, al bancarizarse de forma obligatoria las Cajas de Ahorro.
Amplios sectores de la población quedarán excluidos de la posibilidad de acceso al crédito tanto socialmente como geográficamente.
“Los mecanismos de supervisión y control sobre las Cajas de Ahorro han sido claramente insuficientes, sin que se haya aprobado ningún código de buen gobierno con carácter obligatorio, y con una reducción de las sanciones por negligencias a un nivel prácticamente simbólico. El órgano supervisor (Banco de España) no ha asumido ninguna responsabilidad por su más que demostrada ineficaz labor de control y supervisión. Existe un claro sentimiento de impunidad frente a los que han provocado la situación actual del sector de las Cajas de Ahorro”, se indica desde la Confederación.
Para CIC, es preciso reconducir de modo importante la redacción de muchos de los puntos del Real Decreto Ley. Además, la importante discrepancia que existe ente el Gobierno y la práctica totalidad de los grupos de la oposición y entes económicos y sociales sobre el contenido de esta norma debe servir como oportunidad para introducir enmiendas en sede parlamentaria (esperando que el Decreto se tramite como Ley en las Cortes tras su previsible convalidación próxima), que reduzcan de modo importante el enorme impacto sobre todos los sectores afectados de las medidas que ha introducido el Decreto.
Desde la Confederación Intersindical de Cajas se indica que es “la única organización que está defendiendo ante los tribunales la naturaleza jurídica de las Cajas de Ahorro”.