CAJAS:
El Ejecutivo busca su conversión en bancos para facilitar la capitalización, aunque el sector desconoce las medida
Rubén Santamarta
15/1/2011
La segunda reestructuración para las cajas ya está en ciernes. Y no tiene por objetivo reducir su número, sino directamente liquidar su naturaleza jurídica. En las últimas semanas, el Gobierno ha ido lanzando mensajes en los que subyace una misma idea: las cajas de ahorros han de privatizarse y convertirse en bancos para acceder con mayor facilidad a los mercados financieros, que recelan de cualquier entidad originaria de España y más si no ven del todo claro su exposición a riesgos como el ladrillo, como es el caso de las entidades de ahorro.
Aunque el Ministerio de Economía ha guardado un discreto silencio en torno a esos anhelos de privatización, ayer el número dos de Elena Salgado aseguró que ese proceso «es simplemente la evolución natural de lo que se reguló en junio», es decir, aplicar la nueva ley estatal que aún está siendo adaptada en varias comunidades, como Galicia.
José Manuel Campa dejó claro que la opción más atractiva para las cajas no supone acceder a más dinero del FROB -una posibilidad ahora abierta y a la que previsiblemente se acogerá CatalunyaCaixa-, sino acudir directamente a los mercados para capitalizarse. Pero esos mercados foráneos de financiación están cerrados para cualquier marca que tenga como procedencia España, como han notado en los últimos días entidades como BBVA, Santander o Bankinter, que por el dinero recibido han tenido que pagar más que firmas de otros países. Si a los bancos se les presentan problemas para acudir al exterior, el Gobierno entiende que las cajas tendrán más. Aunque aún no ha podido constatarse porque ninguna de ellas ha salido aún a por fondos. Los mercados exigen más transparencia en los números, un accionariado claro, y el Gobierno, según las voces consultadas, no cree que las cajas actuales puedan ofrecer eso. En este propósito al Ejecutivo le acompaña buena parte del PP en Madrid.
Con todo, ninguna fuente consultada tiene idea de cómo puede llevar a cabo el Ejecutivo esa privatización. Si simplemente se dará traslado a las cajas a través de una circular interna desde el Banco de España o si, por el contrario, se buscará un resorte legal. «Si fuera con algún decreto, se complicarían aún más las cosas a nivel legal», apunta un directivo.
Aunque, en la práctica, si se aplican al máximo las directrices que vienen apuntadas en la nueva ley estatal, no haría falta nada más, como apuntaba Campa. Porque esa norma facilita la entrada de capital privado en las cajas e incluso su conversión en una fundación. De esta forma, depositarían todo el negocio financiero en una ficha bancaria, y lo controlarían como primer accionista, pero dando entrada a inversores privados. El Banco Pastor ya opera así, con la Fundación Barrié como primer accionista.