Confederación Intersindical de Crédito
Entre los acuerdos tomados en
el X Congreso de CIC estuvieron requerir en el Congreso de los Diputados la
derogación de la reforma laboral, hoy hemos
presentado a todos los grupos políticos del Congreso el siguiente escrito, una
vez que hay un Gobierno en España:
Con fecha 14 de
marzo de 1980 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 8/1980, de 10
de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, fruto de la convergencia, el
consenso y la cesión que caracterizaron la etapa de la transición democrática de
nuestro país. Desde entonces, las sucesivas reformas de dicho estatuto han sido
llevadas a cabo a través de las siguientes Leyes y Decretos Leyes:
Ley 32/1984, de 2 de agosto, bajo la presidencia de
D. Felipe González.
Ley 22/1992, de 30 de julio, bajo la presidencia de
D. Felipe González.
Ley 10/1994, de 19 de marzo, bajo la presidencia de
D. Felipe González.
Ley 63/1997, de 26 de diciembre, bajo la
presidencia de D. José María Aznar.
Real Decreto-Ley 15/1998, de 27 de noviembre, bajo
la presidencia de D. José María Aznar.
Ley 12/2001, de 9 de julio, bajo la presidencia de
D. José María Aznar.
Ley 45/2002, de 12 de diciembre, bajo la
presidencia en funciones D. Mariano Rajoy Brey.
Ley 43/2006, de 29 de diciembre, bajo la
presidencia de D. José Luis Rodríguez Zapatero.
Ley 14/2009, de 11 de noviembre, bajo la
presidencia de D. José Luis Rodríguez Zapatero.
Real Decreto Ley 10/2010, de 16 de junio, bajo la
presidencia de D. José Luis Rodríguez Zapatero.
Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, bajo la
presidencia de D. Mariano Rajoy Brey.
El cúmulo de todas
estas reformas ha consolidado una precariedad laboral insoportable que padecen
todos los trabajadores, especialmente los más jóvenes.
También se ha
hecho patente la insolidaridad intergeneracional política que ha ido emanando
de dichas reformas.
En las
exposiciones de los motivos de estas leyes, siempre se invocan eufemismos
similares: “modernización del mercado laboral”, “reforma del mercado laboral”,
“ante la crisis económica…”, etc., Sin embargo, las consecuencias de dichas
leyes y el coste económico inherente lo han terminado soportado los
trabajadores en su totalidad, más especialmente, si cabe, en las dos últimas.
Si en la década de
los 80 del siglo pasado se precarizó el empleo de los jóvenes con la intención
de crear más puestos de trabajo, en la actualidad y tras once modificaciones
legislativas (“reformas”) continúa existiendo la misma tasa de desempleo en
este nicho de trabajadores (cercana al 33%, septiembre 2019 Eurostat) y los
empleos que se crean son más precarios, con lo que se demuestra la ineficacia
de estas reformas para resolver el grave problema que supone para nuestra
sociedad, tanto la alta tasa de paro juvenil, como la precariedad en el empleo.
Como sus señorías
saben, la crisis proveniente de las dos anteriores décadas fue una crisis
financiera, provocada por un sistema bancario descontrolado que reveló amplias
deficiencias en su vigilancia y supervisión. No fueron los salarios quienes
provocaron el colapso bancario que vivió nuestro país. Fueron los
administradores, directivos, auditores externos y supervisores bancarios (Banco
de España y CNMV), por acción de los primeros y omisión de los segundos quienes
pusieron en máximo riesgo a las entidades de crédito españolas. Ellos son los
principales culpables de que la deuda publica pasara de 35,8 % del PIB en 2007
al 100% actual (datosmacro.expansion.com), casi tres veces más.
No se destroza una
entidad bancaria así como así. Se necesita gente codiciosa, administradores y
directivos sin ningún tipo de ética y supervisores ciegos. Con mucho esfuerzo
hemos sido capaces de averiguar que la responsabilidad del colapso bancario
tiene nombres y apellidos, y que no habríamos llegado a donde estamos si no
hubiera sido por ellos.
La burbuja financiera
fue el detonante de la falta de liquidez, que, a su vez, fue la mayor causa de
destrucción de empleo en las empresas, puesto que cerraron infinidad de ellas,
viables, por no disponer ni de liquidez suficiente, ni de crédito para el
desarrollo de su actividad corriente. La “insostenibilidad del modelo laboral
español” como se alude en la última reforma laboral es una falacia inadmisible.
En nuestro sector, como ya hemos anticipado, la gestión delictiva de
administradores y directivos de determinadas entidades financieras se ha
llevado por delante más de 100.000 puestos de trabajo.
La política del
“shock” empleada para despojar de derechos a los trabajadores fluye a través de
las dos últimas reformas laborales. En ese momento tan crucial, la crisis financiera,
nada tenía que ver con la realidad del mercado laboral español. Se utilizó para
liquidar una buena parte de nuestros derechos. Un modelo, importado de la
Escuela de Chicago, del que Milton Friedman se sentiría plenamente orgulloso.
El Bufete
Sagardoy, el arquitecto de la reforma laboral (revista actualidad económica,
junio 2015) que contribuyó en la elaboración de la última reforma, planteaba
que se salvarían puestos de trabajo dotando de “flexibilidad interna” a los
trabajadores. El resultado real es que se han destruido puestos de trabajo
dignos y han sido sustituidos por precarios. Dicho bufete y otros similares han
liderado la restructuración laboral del sector financiero, contratados por los
mismos directivos responsables de la crisis de las Entidades Financieras para
descargar sobre los trabajadores los costes de sus errores. Nos hemos
enfrentado directamente a este tipo de despachos en procesos de
restructuración, EREs, ERTEs y demás, e incluso actualmente estamos negociando
nuestro convenio sectorial con dicho Bufete (como asesor de la Patronal CECA).
Y la representación de los trabajadores no tenemos, señorías, la más mínima
oportunidad ante las desequilibradas reglas de juego establecidas en las
reformas laborales. Los cada vez más exiguos derechos de los trabajadores
resultan, cada vez, más difíciles de defender.
Sin duda, tanto la
contención salarial como las pérdidas sufridas en derechos tienen un límite
dentro de una sociedad que merezca ese nombre, algo que ha sido ampliamente
estudiado en la literatura económica y que se demuestra empíricamente a lo
largo de la historia.
El pasado 17 de
mayo de 2019 concluyó el X Congreso anual de CIC. De entre los acuerdos que
emanaron de él, se acordó trasladar a los distintos grupos políticos del
Congreso de los Diputados un requerimiento para derogar las reformas laborales.
En aquellas fechas había un Gobierno en funciones y hemos esperado, hasta
disponer de un nuevo Gobierno, para dar cumplimiento a nuestro mandato. Pero
una vez constituidos parlamento y gobiernos de nuestro país, y antes las
urgencias de trabajadores y sus familias.
REQUERIMOS al
Grupo (todos los grupos del Congreso):
La derogación de
las últimas dos reformas laborales, tanto la del 2010 del Sr. Zapatero como la
del 2012 del Sr. Rajoy, puesto que nada tuvo que ver el mercado laboral, con la
crisis financiera que asoló nuestro país, España, a finales de la década de los
2000-2010.
Y además, y porque
ningún organismo público lo ha hecho (ni Banco de España, ni AIREF ni el INE),
se estime el coste económico que ha supuesto para los trabajadores la
aplicación de dichas reformas y para las arcas públicas por la merma de
recaudación fiscal vía IRPF e IVA.
En Madrid, a 13 de
enero de 2020
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