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domingo, 30 de enero de 2011

NEGOCIACION COLECTIVA

Trabajo apuesta por la continuidad de las condiciones pactadas en convenio

29/01/2011 - 18:14
Madrid, 29 ene (EFE).- El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, no cree que sea una "buena solución" que al término de la vigencia de un convenio colectivo no haya continuidad en las condiciones pactadas, es decir, que se elimine la denominada ultra actividad de los convenios.
En una entrevista con la Agencia Efe, el ministro afirmó que el Gobierno "nunca" ha dicho que eliminar la ultra actividad fuera una solución ni que mejore el funcionamiento de la negociación colectiva.
Esta cuestión, junto a la revalorización salarial de acuerdo con el Índice de Precios de Consumo (IPC) forman parte de los asuntos que están tratando los sindicatos y la patronal en un ámbito bipartito de negociación, en el que no interviene el Gobierno.
No obstante, el Ejecutivo tomará una decisión al respecto en marzo como fecha límite, tal y como se establece en la reforma laboral.
Gómez subrayó que el Gobierno "siempre" ha sostenido como algo "bueno" que al término de la vigencia de un convenio hubiera un plazo razonable de tiempo, "de años", para que los negociadores recompusieran la situación, renovaran sus pactos y sus formas de "entendimiento y regulación de las relaciones laborales" en una empresa o en un sector.
En caso de no lograrlo en ese plazo, "suficientemente dilatado", debería de haber una "ley o un acuerdo interconfederal" en un ámbito obligatorio para que las partes pudieran determinar el someterse a un arbitraje o mediación.
Como ejemplo, Gómez citó el caso de los controladores aéreos, quienes, tras varios años sin renovar su convenio colectivo, finalmente han terminado en un arbitraje decidido por ellos mismos.
La idea del Gobierno es trasladar ese esquema al ámbito de la negociación colectiva y establecer que, en caso de que transcurra un determinado tiempo sin renovar un convenio que haya perdido su vigencia, se prevea una forma de "sustanciar las diferencias" a través de un arbitraje dentro del convenio.
Otra cuestión que se debate en la mesa de negociación bipartita es la revisión de las cláusulas salariales.
Al respecto, Gómez no cree que sea una buena solución ahora eliminar el "descuelgue" salarial (la no aplicación por parte empresarial de asuntos pactados en convenio) previsto en la reforma laboral y que se trata de una decisión que debe llevarse a cabo a través de un acuerdo. "Es decir, no estamos ante una decisión autónoma del empresario".
Añadió que hay que ver cómo ha funcionado esta cuestión, qué lecciones se pueden sacar desde la perspectiva y, después, extraer conclusiones.
La negociación colectiva, aunque tiene carácter bipartito, forma parte del gran pacto social que se negocia de forma tripartita entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal.
El ministro prefiere que las partes pacten porque considera que es la mejor forma de garantizar el buen desarrollo de la reforma de la negociación colectiva.
En este sentido, dijo que ya hay una declaración general sobre lo que pretenden hacer y añadió que, "si lo logran y desarrollan, el Gobierno tiene la intención de respetarlo".
Los contactos para alcanzar el gran pacto social se mantienen de forma intensa y, además de las nuevas políticas activas de empleo, las de energía, I+D+i o la reforma laboral, también se intenta precisar la cuantía del nuevo programa para los parados de larga duración en sustitución de la ayuda de 426 euros.
Según el titular de Trabajo, la cantidad todavía no está fijada, pero avanzó que "mejorará" los 350 euros.
"No será una cantidad muy distinta de la que existía antes y tampoco de la que el Gobierno quería poner en marcha", precisó Gómez, quien sí subrayó que la ayuda siempre irá ligada a la formación.

sábado, 29 de enero de 2011

LA TERCERA DESAMORTIZACIÓN

ENRIQUE VIAÑA
La tercera desamortización
A las dos primeras, pronto habrá que añadir en los textos una tercera desamortización, en esta segunda década del siglo XXI, idéntica a las primeras en más de un aspecto: la financiera, de las Cajas de Ahorros.

nuevatribuna.es | 22.01.2011


En España, a los estudiantes de Economía y Empresa se les enseña tradicionalmente en la asignatura Historia Económica que la llegada de los liberales al poder, hacia 1835, trajo no tanto la industrialización al estilo británico, conforme soñaban, como una reorganización de la propiedad agraria mediante lo que se llamó la Desamortización: un proceso de expropiación de los bienes llamados de manos muertas, es decir, sustraídos a la circulación del mercado. Hubo dos Desamortizaciones principales, a saber, la de la Iglesia, en la segunda mitad de la década de 1830, y la de los bienes comunes y de propios municipales, a mediados de la de 1850; desde entonces, la financiación de los ayuntamientos no ha dejado de dar problemas. Ambas se ejecutaron con la mirada puesta en obtener recursos para pagar la deuda pública. A esas dos, pronto habrá que añadir en los textos una tercera, en esta segunda década del siglo XXI, idéntica a las primeras en más de un aspecto: la financiera, de las Cajas de Ahorros.

Era inevitable. Según Business&Leadership, un think-tank irlandés del mundo de los negocios, el gobierno Zapatero planea nacionalizar parcialmente las Cajas de Ahorros (al menos, las más desguarnecidas políticamente) para vender esa participación en pública subasta. El informe de B&L es tanto más creíble cuanto que, como señalé hace dos días, los bancos irlandeses tienen un 12 por ciento del PIB nacional invertido en deuda española, lo que supone que la economía irlandesa pende del hilo de la solvencia española, y muy probablemente el gobierno ha tenido que dar seguridades al respecto en el seno del Eurogrupo. El informe, por otra parte, corrobora una de esas crípticas promesas que tanto gustan al presidente, en una reciente entrevista en Nueva York, y según la cual el capital internacional tendría pronto oportunidades de invertir en el sistema financiero español, presentado como muy rentable.
(A la hora de publicar esta entrada, la primicia de B&L es tratada como noticia confirmada por las principales agencias de noticias, algunas de las cuales incluso la vinculan con cierta calma que parece extenderse por los mercados de deuda).

Enrique Viaña | Catedrático de Economía Aplicada. Universidad de Castilla La Mancha

NOTICIAS DE PRENSA

Cajas de ahorros: El final de un modelo financiero diferente
Miguel Máiquez. 29.01.2011
Se buscan 20.000 millones de euros. Y cuanto antes, mejor. Es la cantidad que tendrán que captar las cajas de ahorros españolas de aquí a septiembre si no quieren ser intervenidas por el Gobierno; la cantidad que les permitiría subir hasta el 9% (o incluso el 10%) su capital básico y cumplir así las nuevas exigencias anunciadas esta semana por el Ejecutivo.
Se trata de la tercera gran reforma emprendida por el Gobierno en tan sólo unos meses. La crisis, la deuda y la presión de los mercados internacionales han ido marcando el paso: Primero, la reforma laboral y las medidas de austeridad; después, la reforma de las pensiones; ahora, la reforma del sistema financiero.
El anuncio ha sido recibido de manera dispar, atendiendo sobre todo al signo político de los dirigentes de las cajas más afectadas, algo lógico teniendo en cuenta que se trata de entidades intensamente politizadas. En cualquier caso, la medida supone estrés, pero también alivio. Según se mire. Porque lo que está haciendo el Gobierno es abrir una puerta a la nacionalización de las cajas con más problemas. El precio es que ya no seguirán siendo lo que eran.
El objetivo es fortalecer el nivel de solvencia de la banca para recuperar la confianza de los inversoresEl objetivo del Ministerio que dirige Elena Salgado es fortalecer el nivel de solvencia de la banca para recuperar la confianza de los inversores internacionales y que el crédito vuelva a fluir con normalidad hacia nuestra economía. La medida afecta también a los bancos (cuyo capital mínimo deberá ser del 8%, un punto menos), pero son las cajas, muy castigadas por el reventón de una de las mayores burbujas inmobiliarias del mundo, las que más problemas tendrán para responder.
La solución más obvia pasa por una reconversión esencial: Muchas cajas tendrán que traspasar su negocio a un banco ('bancarizarse') para que las pueda intervenir el Estado y recibir así dinero público (el Gobierno ya les allanó el camino para ello al reformar la ley el año pasado). La cuestión es que, cuando lo hagan, ¿qué pasará con el cerca del 25% de los ingresos que estas entidades dedican actualmente a obra social?
Para bien o para mal, el particular modelo financiero de las cajas de ahorros (fundaciones sin ánimo de lucro, con una importante acción social y que no cotizan en bolsa), puede tener sus días contados.
¿Cómo son las cajas españolas? ¿En qué se diferencias de los bancos? ¿Cuánto dinero manejan? ¿Quiénes las controlan? ¿En qué situación se encuentran y por qué? ¿Cómo les van a afectar las medidas del Gobierno? ¿Cómo afectarán estas medidas al ciudadano? Las claves, en 25 preguntas y respuestas.

1. ¿Qué ha decidido el Gobierno?
El Ejecutivo anunció el lunes que va a exigir a las cajas de ahorro que aumenten la reserva de capital con el que cubren los activos con riesgo. Esta reserva es el llamado core capital, una especie de salvavidas o 'colchón' financiero. Se mide mediante un porcentaje referido a la relación entre los fondos de los que la entidad puede disponer de forma inmediata y sin riesgo, y el valor de los activos considerados de riesgo.
Las medidas se concretarán en un decreto ley que será aprobado en febrero.
2. ¿Qué les va a exigir?
Un mínimo del 8% para todo el sistema bancario, aunque en el caso de las cajas el porcentaje será de entre un 9% y un 10%. La razón de esta diferencia, según explicó la ministra de Economía, Elena Salgado, es que, al tratarse de entidades no cotizadas, las cajas de ahorros podrían necesitar un capital mayor.
3. ¿De cuánto dinero se trata?
Según la ministra, las entidades necesitan 20.000 millones de euros. No obstante, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha dicho que no le "resulta extraña" la cifra de 26.000 euros.
Los analistas estadounidenses de Merrill Lynch, por su parte, cifran en 42.800 millones las necesidades de capital para resistir una situación de tensión como la actual.
4. ¿Está obligado el Gobierno a exigir más solvencia?
Sí. El Acuerdo Internacional Basilea III ha redefinido el concepto de core capital para todas las entidades del mundo. No obstante, esta normativa no es aplicable hasta 2013. El Gobierno español se ha adelantado y, además, ha aumentado el mínimo exigido por el Acuerdo, que es de un 7%. España será uno de los países que más nivel de solvencia exija a sus entidades financieras.
5. ¿Por qué lo ha hecho?
El Gobierno pretende devolver la confianza a los mercados, que siguen mirando con lupa a las cajas de ahorro españolas, asfixiadas por la falta de liquidez y por la resaca de la explosión de la burbuja inmobiliaria.
6. ¿Cuántas cajas llegan ahora al nivel de solvencia?
De aprobarse finalmente el mencionado 9%, y según informa RTVE, sólo cinco: Unicaja, la más solvente, cuyo core capital está en un 13, 4%; la guipuzcoana Kutxa, con un 12,5%; BBK (que se fundió con Caja Sur), con un 12%; Caja Vital, con el 11,6 %; y la pequeña Caixa Pollença, con un 11%.
7. ¿Cuáles están cerca?
La Caixa tiene el 8,7%; Ibercaja, un 8,5%, y Ontiyent, el 8,01%. Por encima del 8% se encuentran también la alianzas de Banca Cívica, de la CAM y Cajastur y de Mare Nostrum.
8. ¿Cuáles están peor?
No llegan al 8 % ni la entidad encabezada por Caja Madrid y Bancaja, ni las fusiones tradicionales de Unimm, CatalunyaCaixa, Novacaixagalicia, o la castellanoleonesa Caja Duero - Caja España.
9. ¿Y los bancos?
Todos superarían las exigencias del Gobierno, a excepción del Banco Sabadell, que se quedaría a un paso con los datos de septiembre de 2010 (7,84%), y Bankinter, que sería el principal perjudicado, con un core capital del 6,6% en esa misma fecha.
10. ¿Por qué están tan mal las cajas?
Durante el boom inmobiliario las cajas prestaron fondos sin límite, hasta que, a finales de 2008, el sector se hundió. La crisis les afectó el doble que a los bancos.
El temor a que la cajas no pudieran financiarse en los mercados, entre otros factores, llevó el pasado mes de diciembre a la agencia Moody's a poner la calificación (rating) de España en revisión para una posible rebaja.
11. ¿Hasta cuándo tienen de plazo para cumplir las exigencias?
Hasta septiembre de este año, cuando el Banco de España evaluará el cumplimiento de los requisitos y determinará cuáles son las entidades que no tienen perspectivas razonables de captación de capital.
12. ¿Qué pasa si no las cumplen?
Si no las cumplen (es decir, si se demuestra que no han sido capaces de encontrar dinero por sus propios medios), entonces el Estado intervendrá, y lo hará inyectando dinero público a través del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria).
En la práctica, esta medida supone la nacionalización temporal (Salgado especificó que la ayuda se limitará a cinco años) de las cajas de ahorro, ya que el Estado será accionista en las entidades ayudadas.
13. ¿Cómo se hará?
Las cajas de ahorros no cotizan, por lo que, para poder cambiar acciones por dinero y capitalizarse, deberán convertirse en bancos, o traspasar todo su dinero a bancos creados por ellas. De este modo, el Estado, a través del FROB, podrá entrar como accionista e inyectar dinero público.
Además de transformarse en bancos, las cajas tendrán que presentar un plan de viabilidad que contemple la futura entrada de inversores privados en sustitución del FROB.
14. ¿Es esto un rescate?
Sí. La medida garantiza, en principio, la supervivencia de todas las cajas, porque aquellas que no logren aumentar su 'colchón' serán intervenidas por el Estado, siempre y cuando se transformen en bancos.
15. ¿Por qué puede una caja convertirse en banco?
Porque así lo permite la reforma de la Ley de Cajas de Ahorros (LORCA), que aprobó el Gobierno en julio del año pasado.
16. ¿Era la única forma de capitalizarse?
No. La ley ya establecía la posibilidad de reforzar el capital mediante las llamadas cuotas participativas, parecidas a las acciones, pero sin derechos de voto. Esta modalidad, sin embargo, no ha tenido éxito.
17. ¿Cuándo perderán su condición de cajas?
Cuando vendan en Bolsa más de la mitad de sus acciones. A partir de entonces ya no podrán seguir denominándose "cajas", aunque podrán mantener sus siglas.
18. ¿Cómo les afectará?
Las cajas, en parte debido a su obra social y a carecer de ánimo de lucro, tienen una buena imagen entre los clientes. El cambio puede restarles tirón comercial.
19. ¿Disminuirán su obra social?
Es posible. La entrada de inversores privados, una vez finalizada la intervención estatal, afectará al reparto del beneficio y, por lo tanto, al dinero que se dedica a obras sociales: Los beneficios tendrán que distribuirse entre la obra social y los nuevos accionistas. Lo que vaya a parar a cada parte dependerá de la voluntad de los dirigentes y de la marcha económica de la entidad. De momento, en los bancos, la cantidad destinada a obra social ha ido cayendo de forma paralela a la caída de los beneficios desde que empezó la crisis.
20. ¿Cuánto gastan en obra social ahora?
Entre el 20% y el 25% de sus beneficios (la ley les marca un máximo del 50%). En 2009 las cajas destinaron a obras sociales 1.776 millones de euros, lo que, según la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), generó 1.425 millones de riqueza adicional. Estas obras suponen 33.600 empleos directos e indirectos.
21. ¿Cómo afectará la transformación al cliente?
Según los expertos, la conversión de cajas en bancos no implicará ninguna diferencia para el cliente, en lo que se refiere a sus cuentas y a su dinero. Los analistas descartan que se pueda poner en peligro el capital, ya que sólo se trata de un traspaso de activos.
En cuanto a las fusiones, y según explica la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), los productos que el cliente tenga ya contratados (depósitos, cuentas, tarjetas, seguros…) mantienen sus condiciones contractuales iniciales, aunque en los contratos indefinidos, como el de una cuenta o una tarjeta, las entidades pueden modificar las comisiones e incluso incluir otras nuevas, siempre y cuando lo comuniquen con la suficiente antelación.

LA RADIOGRAFÍA DE LAS CAJAS ESPAÑOLAS
22. ¿Cómo se define una caja de ahorros?
Las cajas de ahorros son entidades de crédito plenas, con libertad para realizar operaciones financieras al igual que el resto de las entidades. Están constituidas como fundaciones de naturaleza privada sin ánimo de lucro. Hasta ahora, no poseían accionistas ni podían repartir dividendos.
23. ¿Cuál es su ámbito de acción?
En general, están especializadas en la canalización del ahorro popular y en la financiación de las familias y de las pequeñas y medianas empresas. Tienen una fuerte raíz local, con una densa red de oficinas de implantación fundamentalmente regional, aunque algunas de las cajas más importantes ya tienen presencia nacional e internacional relevante.
Las cajas mueven unos 1,2 billones de euros, tienen 56 millones de cuentas corrientes abiertas y controlan el 65% de las operaciones bancarias que se realizan en España. Además, tienen 25.033 oficinas, 10.000 más que los 155 bancos que hay en nuestro país.
24. ¿En qué se diferencia de un banco?
En los bancos los beneficios se reparten entre los distintos accionistas, en las cajas el beneficio se dedica a reserva o a obra social.
Asimismo, mientras que los bancos son sociedades anónimas, las cajas de ahorro tienen un carácter fundacional y se rigen por la ley de sociedades limitadas, por lo que en sus consejos de administración se sientan representantes gubernamentales y locales, en una proporción que fija cada gobierno autonómico.
El Banco de España ha abogado tradicionalmente por expulsar a autonomías, ayuntamientos y sindicatos de la gestión de las cajas.
25. ¿Cuantas cajas hay y cuáles son?
De 45 cajas de ahorros que había a principios del año pasado se ha pasado, según datos de la CECA, a cinco entidades fusionadas con el modelo SIP (Sistema Institucional de Protección) y doce entidades individuales.
Los SIP
  • Banco Financiero y de Ahorros, formado por Caja Madrid, Bancaja, Caixa Laietana, Caja Canarias, Caja Ávila, Caja Segovia y Caja Rioja.
  • Banco Base, formado por CAM, Cajastur, CCM, Caja Cantabria y Caja Extremadura.
  • Grupo Banco Mare Nostrum, formado por Caja Murcia, Caixa Penedés, Sa Nostra y Caja Granada.
  • Banca Cívica, formado por Caja Navarra, Caja Canarias, Caja de Burgos, Cajasol y Caja de Guadalajara.
  • Caja 3, formado por Caja Inmaculada, Caja Círculo y Caja Badajoz.
Las fusiones tradicionales (las cajas resultantes operan como una única entidad)
  • CatalunyaCaixa, resultado de la fusión de Caixa Catalunya, Caixa Tarragona y Caixa Manresa.
  • Unnim Caixa, integrada por Caixa Sabadell, Caixa Terrasa y Caixa Manlleu.
  • NovaCaixaGalicia, formada por Caixa Galicia y Caixanova.
  • Caja España-Caja Duero, único caso de fusión en el que ambas cajas no se han integrado en una sola marca.
Absorciones (cajas pequeñas absorbidas por otras más grandes)
  • Caixa Girona, absorbida por La Caixa.
  • Caja Jaén, absorbida por Unicaja.
  • Caja Sur, absorbida por BBK, aunque, de momento, las oficinas de Caja Sur siguen operando bajo su actual marca.
Independientes
  • Aquellas en las que aún no ha habido ninguna reestructutación. Es el caso  de Ibercaja, la Kutxa o Caja Vital.
LA PRESENCIA DE LOS POLÍTICOS EN LAS CAJAS
Las cajas españolas tienen en sus órganos de dirección -asambleas generales y consejos de administración- 6.065 consejeros. De estos, 2.087, el 34% del total, son cargos elegidos a dedo por los partidos políticos, entre los que figuran alcaldes, concejales, presidentes de diputación y altos cargos de los gobiernos regionales. De las diez principales cajas españolas, ocho están presididas por nombres de claro color político.
De los 21 miembros del consejo de administración del Banco Financiero y de Ahorros, 11 son políticos o ex políticos. Es el caso de su presidente Rodrigo Rato (vicepresidente económico del Gobierno del PP entre 1996 y 2004) y de su número dos, José Luis Olivas, ex presidente de la Comunidad Valenciana. También hay antiguos alcaldes (Ricardo Romero de Tejada, Antonio Tirado), concejales (Mercedes de la Merced), diputados (José Manuel Fernández Norniella, Jorge Gómez) y un ex ministro del PSOE, Virgilio Zapatero, así como un cargo público electo, el presidente de la Diputación de Ávila, Agustín González.
Los políticos controlan las cajas de ahorro: nombran al 34% de los consejerosEl siguiente SIP con más peso político es el de Banca Cívica. Más de la mitad de sus miembros no tiene un pasado público marcado, según señala el sindicato CC OO, pero en el consejo están, entre otros, la actual presidenta de la Diputación de Huelva, Petronila Guerrero (PSOE); alcaldes, como José Miguel Rodríguez, y concejales como Ángel Ibáñez.
En Banco Base, la mayor vinculación política es la de Modesto Crespo, ex concejal del PP. Felipe Fernández, director general de CajAstur, ocupó cargos en el Gobierno asturiano, al igual que Enrique Ambrosio (Caja Cantabria). Víctor Bravo, de Caja Extremadura, tuvo responsabilidades en el Servicio Extremeño de Salud. En Mare Nostrum, Antonio Jara, presidente de Caja Granada, fue alcalde de esta ciudad durante 12 años por el PSOE.
En el consejo de Caja Duero - Caja España, indica CC OO,  aparecen los presidentes de las Diputaciones de León, Isabel Carrasco, y Zamora, Fernando Martínez; diputados autonómicos como Ángeles Armisén (secretaria general del PP de Palencia), y alcaldes como Carlos Martín (Soria). En NovaCaixaGalicia está el presidente de la Diputación de La Coruña, Salvador Fernández; parlamentarias como Mar Barcón (PSOE), y varios  ediles del PP.
En Caja de Extremadura, nueve de sus 17 consejeros son o fueron cargos políticos (6 del PSOE y 3 del PP); en Caja de Badajoz, la presencia de los partidos es mayor, 11 de 17. El 64,7% de sus consejeros son o fueron responsables o candidatos en listas electorales (9 del PSOE y 2 del PP).
En los consejos de las cajas también hay sindicalistas (José Ricardo Martínez, secretario general de UGT-Madrid, en Caja Madrid, por ejemplo) y miembros de la patronal empresarial (el presidente de Caja Mediterráneo, Modesto Crespo, pertenece al Consejo de Acción Empresarial de la CEOE).

viernes, 28 de enero de 2011

NOTICIAS DE PRENSA

Los pormenores de la reforma de las pensiones
El acuerdo introduce un endurecimiento de las prejubilaciones, eleva la edad mínima de jubilación a los 63 años e incluye beneficios para jóvenes y madres
Economía | 28/01/2011 -
Madrid / Barcelona (EUROPA PRESS)
Endurecimiento de las prejubilaciones
En este punto, la reforma también contempla que las prejubilaciones tengan carácter voluntario y no tengan que pasar por un despido, al tiempo que se encarecen para los empresarios las prejubilaciones en expediente de regulación (EREs). Así, la redacción del Gobierno reserva la jubilación anticipada por despido cuando se deba a causas "objetivables", como la muerte o incapacidad del empresario, concurso de acreedores, etc.
De esta forma, se separan de estas causas los expedientes de regulación de reducción de plantilla. En este caso, si hasta ahora sólo se podía jubilar a trabajadores mayores de 52 años asumiendo el coste la empresa hasta los 61 años, ahora se establecerá el límite de edad en los 55 años y la carga para la empresa se extenderá hasta que el trabajador cumpla los 63 años. Según cifras del Ministerio de Trabajo, las prejubilaciones anticipadas, entre bajas voluntarias y despidos, ascienden a septiembre de 2010 a 53.000 personas, lo que supone un 25,1% del total de las altas por jubilación.
En cuanto a la jubilación parcial, apenas experimentará cambios. Si bien, el Gobierno apuesta por que los empresarios costeen el 100% de las cotizaciones tanto del trabajador relevante como del relevado, para que no suponga un coste para la Seguridad Social. Ello también se hará en un horizonte de 15 años.
La ampliación del cómputo afectará en un 1% a la pensión
Por otro lado, la reforma amplía de 15 a 25 años el periodo de cálculo de las pensiones, lo que, según el Ministerio de Trabajo, tendrá un efecto de subida o bajada del 1% sobre las pensiones en el caso del Régimen General y algo mayor en el caso de los autónomos.
Según el Gobierno, la ampliación a los 25 años no la notarán los empleados públicos, mientras que esta medida será "positivo" para aquellos que hayan sido despedidos en los últimos diez años de su vida laboral, ya que habrán sufrido una brusca caída en su base de cotización. Este periodo se extenderá de año en año hasta 2022, es decir, que la entrada en vigor de esta medida se producirá en un horizonte de solo diez años.

NOTICIAS DE PRENSA


Reforma del sistema de pensiones

NOTICIAS DE Economía 16:22
Madrid, 28 ene (EFE).-

Los trabajadores que quieran alargar su vida laboral más allá de los 65 o los 67 años, que son las dos edades de referencia de la nueva reforma laboral del Gobierno, podrán incrementar su pensión un 3,5 % por cada año que quieran seguir trabajando, frente al 2 y 3 % actual.

Por el contrario, los que quieran anticipar su retiro antes de su edad de jubilación tendrán un coeficiente reductor que recortará su pensión el 7,5 % por cada año que adelanten su salida del mercado laboral, según el anteproyecto de ley de la reforma laboral aprobado hoy por el Gobierno tras pactarlo con los sindicatos y la patronal.

En ningún caso, el recorte de la pensión que se les aplique a esos trabajadores superará el 42 % del total, frente al 40 % actual.

Al respecto, en la reforma se fija que los trabajadores con 63 años y 33 años de cotización podrán jubilarse anticipadamente si así lo deciden sin tener que ser despedidos, como sucede ahora.

Por tanto, la jubilación se flexibiliza con la reforma y deja de ser imperativa a los 65 años, como sucede ahora.

Así, la edad legal de jubilación se eleva hasta los 67 años, en cuyo caso para cobrar el 100 % de la pensión se exigirá que se hayan cotizado 37 años; pero se mantiene también la posibilidad de jubilarse a los 65 y cobrar el total de la prestación, siempre que la cotización haya sido de 38 años y medio.

Para permitir a los trabajadores adaptarse a estos requerimientos su aplicación será gradual, entrará en vigor en 2013 y estará implantada completamente en 2027.

En el caso de la edad de retiro, la subida a los 67 años se va a hacer en dos tramos: el primero está comprendido entre 2013 y 2018, y el segundo entre 2018 y 2027.

Así, a quien cumpla los requisitos para jubilarse a los 65 en enero de 2013 sólo se le exigirá esa edad, mientras que en los años siguientes se le irá requiriendo anualmente un mes más hasta 2018, de tal forma que en 2018 deberá tener 65 años y 6 meses para jubilarse con la pensión completa.

A partir de 2018 se exigirán dos meses más por año para jubilarse con el 100 % de la pensión, de tal forma que en 2027 la edad legal de jubilación habrá subido hasta los 67 años.

Menor plazo de adaptación, de 2013 a 2018, tiene el exigir los 38,5 años de carrera de cotización (frente a los 35 actuales) que requiere el jubilarse a los 65 años.

Lo acordado es que cada dos años se exijan 6 meses más de cotización: así en 2013 y 2014 se demandarán 35 años y 6 meses, en 2015 y 2016 se pedirán 36 años y en 2017 y 2018 se requerirán 36 años y 6 meses.

Lo que también aumenta, de forma progresiva, son los años que se tienen en cuenta para calcular la cuantía de la pensión, que pasan de los quince actuales a los 25.

No se modifica el tiempo que hay que cotizar para acceder a una pensión contributiva, que se mantiene en 15 años y por el que se cobra el 50 % de la prestación.

Para los jóvenes la novedad que se introduce es que las empresas que los tengan como becarios podrán firmar un convenio especial con la Seguridad Social para cotizar por ellos.

Las mujeres también tienen un tratamiento especial en la reforma, puesto que por cada hijo que hayan tenido y que hayan cuidado interrumpiendo su carrera profesional podrán adelantar en nueve meses su jubilación a los 67 años.

El máximo que las mujeres podrán adelantar su salida del mercado de trabajo serán 2 años.

jueves, 27 de enero de 2011

PLUS CONVENIO vs EL FUTURO DE LAS CAJAS

El año 2011 va a ser fundamental en la historia de las Cajas de Ahorro. La velocidad e intensidad de los cambios que estamos afrontando, y los que quedan por venir, hacen que no sea aventurado pensar que estemos ante el final de las Cajas tal y como las conocemos en la actualidad.

Este año, así mismo, nos toca negociar un nuevo Convenio, al haber expirado el actualmente vigente para el período 2007-2010.

No nos parece un mal ejercicio de análisis ver que lo que se hizo en el pasado y que podemos esperar del futuro. Para ello podemos basarnos en cualquier aspecto que afecte a nuestro marco actual de Relaciones Laborales y, puestos a escoger, vamos a referirnos al denominado Plus de Convenio.

En el Convenio Colectivo de Cajas de Ahorro para los años 2003-2006, se dio carta de naturaleza a dicho concepto ligado a la polivalencia y nueva definición funcional contenida en ese Convenio y el pase de categorías a Niveles. Dicho plus lleva aparejadas unas cuantías económicas que han sido objeto de adaptación en el posterior Convenio 2007-2010 recientemente finalizado.

Conviene aclarar que con independencia de que el Convenio actual haya expirado y esté denunciado, hemos de cobrar este concepto en el año 2011 ya que en el artículo 43 se regula que los importes del mismo se revisarán, a partir del 1 de enero de 2011, conforme a los criterios que se establezcan para la actualización del salario base. Es decir se le da un carácter indefinido.

Otra cuestión es valorar qué supuso dicho plus ligado a la movilidad funcional y el cambio de categorías contenido en el Convenio 2003-2006 y si su cuantía puede considerarse más o menos adecuada al avance en la flexibilidad de las relaciones laborales introducida por la patronal.

Aunque la movilidad funcional ya viene recogida en el artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores la misma tiene evidentes limitaciones haciéndose referencia a su procedencia si existen razones técnicas y organizativas que la justifiquen y por el tiempo imprescindible para su atención.

Esto, evidentemente abre puntos de conflicto entre empresa y trabajador. Desde el punto de vista del empleado por poder considerarse subvalorado en sus competencias y la posible vinculación de dicha movilidad a represalias más o menos encubiertas y la valoración que podría hacerse de dicha movilidad como una variación del contenido de la prestación laboral convenida y  devenir,  por tanto, en una modificación sustancial de las condiciones de trabajo con la consecuente incomodidad para la empresa.

No menos importante es el cambio conceptual introducido de categoría a grupo. Esto conlleva el tránsito de una situación en las que las funciones y tareas a desarrollar por el trabajador pasan de estar definidas de manera concreta y específica a otra, haciendo una vez más mención a la flexibilidad de las relaciones laborales, en la que nos encontramos en una situación en la que el trabajador ha de ser más polivalente. Más polivalente en el sentido de saber menos de más cosas.

Todos estos inconvenientes hicieron imprescindible, desde el punto de vista de la patronal, introducir los cambios comentados.

Por tanto podemos convenir que el Plus de Convenio lleva aparejado un cambio transcendental en las relaciones laborales tal y como eran conocidas hasta ese momento, dotando a la empresa de un instrumento fundamental para la flexibilización de la relaciones laborales e introduciendo modificaciones que buscan paliar la evidente limitación temporal que el anteriormente citado Estatuto de los Trabajadores introduce a la movilidad funcional.

Y aquí podemos engarzar con el futuro que nos espera próximamente, dominado por la flexibilización y los mercados, sean lo que sean estos. Flexibilización que bajo el paraguas de los expertos en la flexiseguridad (externos a las cajas) busca, como ya hemos visto recientemente en la negociación del Marco Laboral de nuestro SIP, sin duda avanzar en una relación laboral cada vez más flexible para la empresa y cada vez menos segura para el trabajador.

Expertos que, previo pago de informes millonarios, ayudarán en el camino iniciado por los SIP y el FROB, los mercados y el Gobierno de conversión de Cajas en Bancos. (Por cierto seguramente nos ahorraríamos ya un buen dinero si se decidiese adoptar definitivamente la denominación Banco Base para nuestro SIP, ya que la misma es evidente que está calando en los medios de comunicación y la sociedad).

Dicen que los mercados no entienden lo que son las cajas, lo que es un SIP y el FROB. Por eso el Gobierno ha decidido, con sus medidas de esta semana, ayudarlos  certificando el RIP de las Cajas.